La sensación de agravio comparativo se ha convertido en uno de los debates más inflamados de la opinión pública española. Muchos ciudadanos se preguntan, con una mezcla de lógica y frustración: ¿Por qué España ofrece asistencia, techo y sustento a quien entra de forma ilegal,mientras que un español enfrentaría el abismo legal si intentara hacer lo mismo en el norte de África o en cualquier otro rincón del globo? Esta asimetría no es una casualidad; es el resultado del choque frontal entre un Estado de bienestar garantista y un modelo de soberanía punitiva que rige en gran parte del mundo.
El control del ciudadano frente al «hecho consumado»
La primera gran diferencia radica en la burocracia de entrada. Para un ciudadano español, cruzar a Marruecos de forma legal implica una disciplina estricta: pasaporte en vigor, sellado y, a menudo, la justificación de medios económicos. Al ciudadano que cumple la ley se le exige una trazabilidad total; se le controla porque es identificable y responsable ante la administración.
Sin embargo,el sistema español se ve desbordado por el «hecho consumado» de la llegada irregular. El inmigrante que llega en cayuco suele hacerlo sin documentación para evitar ser identificado y devuelto. En este limbo, España se ve maniatada por sus propios estándares: al no poder tramitar una expulsión inmediata por falta de papeles, el Estado se ve obligado por ley a proporcionar custodia y asistencia básica. Es una paradoja del sistema: el cumplimiento de la norma es una carga para el ciudadano propio,mientras que para los recién llegados de manera IRREGULAR el incumplimiento se convierte en la llave de acceso a una red de asistencia.
El destino de un español «sin papeles» en el extranjero
Si un ciudadano español intentara entrar en Marruecos sin documentación, la respuesta no sería una manta y un centro de acogida. Sería la prisión inmediata. Marruecos trata la entrada ilegal como un DELITO GRAVE CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO. El español sería arrestado, interrogado bajo métodos estrictos y procesado por un código penal que contempla penas de cárcel y multas severas. No habría «ayudas de emergencia», sino un calabozo a la espera de un juicio en un sistema que no contempla la «vulnerabilidad» como atenuante.
Dos mundos tras las rejas: El sistema penitenciario
La comparación de las cárceles es abismal. Mientras que en España el Artículo 25.2 de la Constitución obliga a que las cárceles se orienten a la reeducación (con celdas dignas, estudios universitarios y talleres remunerados), en Marruecos impera el castigo. Un español en una prisión marroquí se enfrentaría al hacinamiento crónico,una alimentación precaria y un régimen disciplinario militarizado, quedando en una situación de total indefensión.
La inexistencia del «refugio» para el español
A la pregunta de a qué país podría ir un español para recibir lo mismo,la respuesta es: A NINGUNO. Al poseer un pasaporte español,el resto de naciones asumen que el individuo tiene un Estado fuerte que debe protegerlo. Si un español quemara su documentación en una playa extranjera, sería identificado por sus huellas y deportado de inmediato. El mundo no le ofrece «asistencia»; le ofrece la «responsabilidad» de su propia ciudadanía. España es considerada un «país seguro», lo que anula cualquier posibilidad de ser tratado como refugiado por motivos de miseria o CORRUPCIÓN.
La pinza existencial: Corrupción y descarte
El punto más oscuro de esta asimetría se encuentra en la situación interna del propio español. Mientras el Estado aplica una ética de la compasión universal con el que llega de fuera,parece aplicar una ética del descarte con el ciudadano propio que colapsa bajo el peso del sistema.
Muchos ciudadanos sienten que el español está ATRAPADO EN UN SISTEMA PROFUNDAMENTE CORRUPTO QUE ASFIXIA SUS POSIBILIDADES DE FUTURO.La paradoja es desoladora: el Estado que moviliza recursos para acoger al inmigrante ilegal es el mismo Estado que ha legalizado la EUTANASIA para casos de sufrimiento psíquico.Esto crea un ciclo perverso donde de un lado EXISTE UNA FALTA DE HORIZONTES QUE GENERAN DEPRESIÓN,y de otro,el sistema,parece OFRECER LA MUERTE asistida como «solución» al ciudadano agotado.
Para el sistema,EL EXTRANJERO ES UNA PROMESA DE FUTURO que hay que cuidar bajo el paraguas de los Derechos Humanos, mientras que EL CIUDADANO PROPIO,SI CAE EN LA DESESPERANZA,es tratado como un pasivo al cual ya no se molestan en recuperar.
El dato clave:
Madrid: Entre 4 y 9 meses para primera consulta psicológica
Conclusión
La desigualdad es real, profunda y estructural. Al ciudadano español se le controla porque es un sujeto con deberes; al que llega de forma ilegal se le asiste porque el sistema judicial europeo impide la respuesta represiva que sí aplican otros países. El desafío actual es resolver cómo una democracia puede seguir siendo humanitaria sin que sus propios ciudadanos sientan que el contrato social se ha invertido,convirtiéndolos en los únicos obligados a cumplir reglas en un entorno que parece haber priorizado la protección externa sobre la dignidad y la vida de quienes sostienen el país.
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