Durante décadas, la modernización de la administración pública se ha centrado en digitalizar trámites, crear sedes electrónicas o simplificar formularios. Sin embargo, el verdadero cambio estructural aún está por llegar: la sustitución de determinadas funciones burocráticas por sistemas de inteligencia artificial capaces de tomar decisiones administrativas de forma más rápida, transparente y rigurosa.
Un ejemplo muy ilustrativo del problema actual se observa cuando un ciudadano presenta alegaciones en un procedimiento administrativo y recibe como respuesta una resolución que se limita a una frase genérica: “se han valorado las alegaciones presentadas”. Sin explicación, sin análisis de los argumentos y sin fundamentación jurídica visible.
Este tipo de respuestas reflejan una debilidad estructural del modelo burocrático tradicional. Aunque la normativa exige motivar las decisiones administrativas —tal y como establece la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas— la práctica demuestra que, en demasiadas ocasiones, las resoluciones se convierten en meras fórmulas rutinarias.
En este contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta capaz de transformar profundamente la forma en que funciona la administración. Un sistema de IA entrenado con legislación, doctrina y jurisprudencia podría analizar las alegaciones presentadas por un ciudadano en segundos y generar una resolución completa, con argumentación jurídica detallada y referencias normativas claras.
La ventaja frente al modelo tradicional es evidente. Mientras que el sistema burocrático depende de la carga de trabajo, del criterio personal o incluso de la falta de tiempo de determinados responsables administrativos, una inteligencia artificial puede procesar miles de expedientes de manera constante y homogénea.
Esto permitiría que cada resolución administrativa incluyera una explicación clara de por qué se aceptan o se rechazan los argumentos presentados por el ciudadano. El resultado sería una administración más comprensible, más transparente y mucho más eficiente.
Pero si se plantea seriamente la automatización administrativa, surge una pregunta inevitable: ¿por dónde empezar?
La respuesta es clara. Los primeros en ser sustituidos deberían ser los altos cargos funcionariales encargados de firmar resoluciones administrativas. Precisamente son estos puestos los que concentran mayor responsabilidad decisoria y, al mismo tiempo, los que suelen percibir salarios más elevados dentro de la estructura administrativa.
Sustituir primero estas posiciones por sistemas de inteligencia artificial tendría varias ventajas inmediatas. En primer lugar, permitiría garantizar que las resoluciones estén siempre motivadas con precisión jurídica, evitando fórmulas genéricas o respuestas estandarizadas que no explican realmente el contenido de la decisión.
En segundo lugar, permitiría homogeneizar criterios administrativos. Una IA entrenada con normativa y jurisprudencia aplicaría los mismos estándares a todos los expedientes, reduciendo la discrecionalidad y evitando diferencias injustificadas entre casos similares.
Además, el impacto económico sería significativo. Los altos cargos funcionariales suponen un coste considerable para el presupuesto público, no solo por sus salarios, sino también por los complementos asociados a su posición jerárquica. Un sistema automatizado, una vez implantado, podría asumir gran parte de estas funciones con un coste mucho menor y con una capacidad de trabajo muy superior.
Pero el argumento más importante no es económico, sino institucional. Una administración que utiliza inteligencia artificial para analizar expedientes y redactar resoluciones puede ofrecer mayor trazabilidad, mayor coherencia y mayor control sobre las decisiones públicas.
Cada razonamiento del sistema puede quedar registrado, permitiendo auditorías internas y revisiones judiciales mucho más claras. Esto refuerza la seguridad jurídica y aumenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Por todo ello, la automatización administrativa no debería limitarse a tareas menores o puramente mecánicas. El verdadero salto cualitativo consiste en aplicar inteligencia artificial precisamente en los niveles donde hoy se toman las decisiones más relevantes: los altos cargos funcionariales.
Si la administración pública quiere adaptarse al siglo XXI, el debate ya no es si debe utilizar inteligencia artificial, sino hasta qué punto está dispuesta a reemplazar estructuras burocráticas tradicionales por sistemas más eficientes, transparentes y técnicamente rigurosos.
Y en esa transformación, empezar por los puestos mejor remunerados y con mayor capacidad decisoria sería, sin duda, el primer paso lógico.
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